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La carne uruguaya y sus derivados fueron enviados primero para los aliados que luchaban contra el nazismo y el fascismo en Europa y luego para las tropas norteamericanas que combatieron en Corea.
Los excedentes del comercio exterior dieron al país una sólida posición en divisas. Los subsidios estimularon la sustitución de importaciones; la próspera industria de la construcción contribuía a mantener una alta tasa de empleo. Pero la cría de ovejas y vacas -generadora de la mayor parte de las exportaciones- se mantuvo incambiada; el número de cabezas de ganado se estancó en las cifras de1908.
En lugar de reinvertir en el mejoramiento de los medios y procesos de producción, los terratenientes volcaron sus ganancias en el exterior, en la especulación financiera y en el consumo suntuario. Esto trajo inflación, corrupción y exacerbación de tensiones sociales. A mediados de la década del 50 se produjo un estancamiento industrial que ya no pudo revertirse.
El primer gobierno blanco del siglo, que asumió funciones en 1959, aceptó las recetas económicas del FMI, acelerando la recesión y generando respuestas en los sectores de trabajadores afectados. El conflicto se agudizó a partir de 1968, cuando el gobierno colorado de Jorge Pacheco Areco congeló los salarios y trató de frenar a los sindicatos. Un amplio movimiento de masas, encabezado por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT, central única fundada en 1966) y los estudiantes, enfrentó esa política. Paralelamente, el movimiento guerrillero Tupamaros (MLN) protagonizó acciones de impacto nacional. En 1971, se fundó el Frente Amplio, coalición de izquierda en torno a un programa progresista de gobierno, que postuló al general retirado Líber Seregni en las elecciones presidenciales de ese año.
Juan María Bordaberry, colorado y ruralista, ganó esas elecciones, que el Partido Nacional denunció como fraudulentas. En este gobierno los militares asumieron la conducción de la lucha antiguerrillera (legitimados por una declaración parlamentaria de "estado de guerra interno"). En 1972, los tupamaros fueron derrotados, tras una rápida campaña en la que la organización clandestina fue desbaratada mediante la tortura sistemática. En junio de 1973, Bordaberry y las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado gestado desde febrero de ese año. El Parlamento fue disuelto y se instauró un gobierno cívico-militar.
Los militares uruguayos implantaron un régimen orientado por la Doctrina de Seguridad Nacional, aprendida en las escuelas de instrucción de Estados Unidos. En el plano económico, aplicaron las teorías neoliberales que llevaron a la concentración de la riqueza en manos de las trasnacionales y redujeron el salario a 50% del poder adquisitivo de la población antes de 1973. La deuda externa llegó a 5.000 millones de dólares. En ese período, instituciones, partidos políticos y sindicatos fueron proscriptos, desaparecieron personas, se generalizaron la tortura y las detenciones arbitrarias.
Desprestigiados por el deterioro de la situación económica y la derrota sufrida en el plebiscito constitucional de 1980, con el que pretendían institucionalizar el régimen autoritario, los generales uruguayos tuvieron que elaborar un "cronograma" que permitiera retornar gradualmente a una nueva legalidad civil.
A partir del fracaso de ese diálogo, se multiplicaron las medidas de desobediencia civil, "apagones" y "caceroleos", contra la dictadura militar. Después de un paro general de 24 horas convocado por el PIT, el diálogo político-militar se reanudó en enero de 1984, esta vez con la presencia del Frente Amplio.